Reza Wikipedia que el Defensor del Pueblo tiene entre sus funciones "sugerir al órgano legislativo o Administración la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales para los administrados", además "puede interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo en base a la Constitución en el art. 162.1 a y b".
Pudiera descansar más tranquilo (y quizás escribir menos en este blog) si pensara que nuestra Constitución preserva las garantías legales de sus ciudadanos para reducir las injusticias sociales que pudieran producirse, teniendo para ello una figura social que defiende nuestros derechos frente a los excesos del poder.
Sin ir más lejos, es Soledad Becerril nuestra actual Defensora del Pueblo la que ocupa el cargo, que no las funciones propias que se le han encomendado. La ley intenta preservar, sin éxito, la independencia política y económica del Defensor estableciendo ciertas incompatibilidades que pueden ser demasiado laxativas si se persigue tal fin. De este modo, la Sra. Becerril fue hasta el año pasado diputada del PP, y ahora ocupa el cargo gracias a la mayoría absoluta que su ex-partido político tiene en ambas cámaras.
La ley sólo entiende por incompatible si además de ser Defensor/a del Pueblo ejerce la militancia en algún partido político u organización sindical, o si tiene actividad mercantil alguna. Soledad fue alcaldesa de Sevilla, senadora y diputada hasta el año 2011. En 2012 dejó su militancia en el Partido Popular para "defendernos" con la suficiente "independencia política" legal.
Uno se pregunta qué inconstitucionalidad debe contener un decreto-ley o una reforma del sistema para que la Defensora dé señales de vida. El PSOE y el Partido Popular han menoscabado el Estado del bienestar recortando derechos fundamentales en los últimos años, del mismo modo que han reforzado la impunidad de los grandes defraudadores de España, así como el incumplimiento reiterado y constante de varios artículos de la Constitución, como el 47, que dice así: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación."
De ser efectiva su funcionalidad, el Defensor del Pueblo debiera haber alzado recurso de inconstitucionalidad alguno contra todos los gobiernos de la joven democracia española por incompetencia manifiesta. Dicho de otro modo: todos los gobiernos que han existido en España desde la muerte de Franco hasta hoy han sido incapaces de regular la utilización del suelo para impedir la especulación inmobiliaria, declarándolos así gobiernos inconstitucionales, al haber dejado un país plagado de hipotecas tóxicas sobrevaloradas, multitud de personas en el desamparo del desahucio y una ingente cantidad de propiedades inmobiliarias vacías en manos de cajas y bancos que, además, han sido rescatados con dinero público.
La situación es escandalosamente dramática cuando a día de hoy se desahucian a más de 500 personas al día, personas que pierden todo lo pagado por su vivienda, la vivienda en sí y además mantienen la deuda inicial de por vida.
Ahora bien, que nuestra actual Defensora no haya dado señales de vida durante los últimos meses de atropeyos sociales podría ser indignante. Pero más flagrante resulta su manifiesta incompetencia al no denunciar la manipulación informativa del ente público de RTVE ni los abusos policiales cometidos durante las últimas manifestaciones, muy concretamente las del 25S y 29S. He de suponer que la Sra. Becerril ve totalmente justificado el uso de la porra contra manifestantes en actitud pacífica y que los transeúntes puedan ser golpeados sin que tengan relación alguna con los altercados. Tampoco se plantea investigar el posible uso de infiltrados de la policía para reventar una manifestación pacífica, justificando así el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los anti-disturbios. Ni mucho menos, actuar contra la sordera crónica que tiene el gobierno, abocándonos al descalabro económico, social y democrático.
Qué el juez Pedraz se extralimitara en un auto judicial calificando a la clase política como "decadente" tiene cierta lógica. Que el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, respondiera al juez llamandole "pijo ácrata" tampoco me sorprende. Lo que si es de casa de los horrores es que la Sra. Becerril planteara querellarse contra el juez por hacer una valoración subjetiva de la decadente clase política mientras calla cuando un pijo ácrata de su ex-partido le dice a otro pijo ácrata lo que ha hecho mal en un alarde de reafirmar la inexistente( y necesaria) separación de poderes públicos de una democracia. Ni mencionar siquiera querella alguna contra el sr. Castelao, también del PP, por declararse anarquista acérrimo y presunto agresor sexual. En un arrebato de apología de la delincuencia institucionalizada expresó "Las leyes son como las mujeres. Están para violarlas".
Mis preguntas están entonces rotundamente contextualizadas:
¿a quién defiende un Defensor del Pueblo si permite que la Policía no vaya identificada en todo momento para garantizar la legalidad de sus actuaciones? ¿a quién defiende si el uso de las porras es indiscriminado, si en teoría no pueden golpear por encima de la cintura pero dejan un reguero de brechas en la cabeza y cardenales en la espalda? ¿a quién defiende si un político puede comparar una manifestación pacífica convenientemente autorizada con el intento de golpe de estado como el 23-F? ¿a quién defiende si se gobierna a base de decreto menoscabando educación, sanidad y justicia hasta límites claramente excluyentes para gran parte de la población? ¿a quien defiende? ¿a quien?
Sólo cabe una respuesta posible. Debí estar equivocado, pues pensaba que era la Defensora del Pueblo y no la Defensora Popular.
